La semana empieza con la asistencia de la ONPE a las elecciones en universidades, este es el caso de la UNPRG (Lambayeque). Pero al interior de nuestra casa de estudios los bochornosos juegos políticos están focalizados contra la oposición. Ya no solo es el insulto callejero que repite algún decano, el rechazo a la movilización realizada y la incapacidad de aceptar los derechos y visibilización de la población LGTBIQA+ sanmarquina en boca de las autoridades (ver último CU), sino cómo el oficialismo y sus operadores políticos graban o "reglan" a la oposición y pueblan las redes sociales con falsedades que las hacen parecer verdad (fake news).
Nadie puede prohibir las reuniones de los docentes, de los estudiantes. Como ciudadanos y como docentes, estudiantes o trabajadores tenemos el absoluto derecho a disentir de las autoridades que no están cumpliendo con sus obligaciones o que no se atienen a la normativa vigente . Y no se puede descalificar y apropiarse ilegalmente de una representación universitaria. No corresponde la extensión a los decanos representantes ante CU como aquellos que asistieron al último CU. Tampoco le corresponde la extensión de mandato a la actual rectora que fue elegida hasta el 25 de julio.
Aunque no es ilegal el pedido de disposición del cargo a los funcionarios de SM. Esto sí corresponde hacerse en la misma fecha en que concluye el mandato de la rectora y los vicerrectores, es decir, el 25 de julio. Llama la atención porque no es una práctica tradicional en SM por lo que resulta inusual el oficio Circular N° 000009 - 2026 - R - D/UNMSM firmado por la actual rectora y se presta especulaciones.
MIENTRAS tanto qué hacer. Además de concluir exitosamente nuestras clases y poner las calificaciones que corresponda, sigue la defensa de nuestros derechos y la institucionalidad. De allí la importancia de hacer visible que la actual autoridad no cuenta con el respaldo de la comunidad sanmarquina. Ya no solo son los estudiantes, ahora toca también a los docentes y sus diversos colectivos y corrientes de opinión movilizarnos en torno al respeto a la ley y el estatuto. Una marcha cívica, pacífica y legítima contra las pretensiones de atornillarse en el cargo. El centro del reclamo principal: culminación del mandato y designación del rector o rectora interina.La institucionalidad exige transparencia. Y demanda la restitución del Comité Electoral, calendario electoral y, al mismo tiempo, cese a los abusos y hostilizaciones de las autoridades y funcionarios hacia los trabajadores administrativos. (Gonzalo Espino)



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